Las trabajadoras sociales comienzan la intervención en terreno en las zonas afectadas por la DANA

Este proyecto, financiado a través de una subvención directa recogida en el Real Decreto-ley 7/2024, cuenta con una dotación de 700.000 euros y tiene como objetivo ofrecer atención, acompañamiento y apoyo psicosocial a las personas damnificadas, así como fortalecer la resiliencia comunitaria desde un enfoque biopsicosocial y ecosocial.

La actuación se articula a través de tres líneas estratégicas:
1. Despliegue de trabajadoras sociales en territorio, contratadas específicamente para acompañar a las personas y comunidades afectadas.
2. Elaboración de protocolos de intervención en emergencias sociales, que permitan estandarizar respuestas profesionales ante situaciones de catástrofe.
3. Formación especializada para profesionales del Trabajo Social, orientada a mejorar la preparación en escenarios de crisis climáticas y desastres.

“Las consecuencias de la DANA no son sólo materiales, también son sociales y emocionales. Las trabajadoras sociales tenemos el compromiso de estar donde más se nos necesita, acompañando a las personas en momentos críticos y contribuyendo a la reconstrucción del tejido comunitario”, ha señalado Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General. El proyecto se basa en una intervención integral, con perspectiva de derechos humanos, justicia social y justicia ambiental. Desde esta mirada ecosocial, se pone en el centro el cuidado de la vida, la participación comunitaria y la corresponsabilidad interinstitucional.
La DANA de octubre de 2024 afectó de forma severa a diversas municipios del levante y sur peninsular, provocando inundaciones, daños materiales y un fuerte impacto en las condiciones de vida de muchas familias. El Consejo General ha diseñado un plan de acción que permite dar respuesta de forma coordinada, ética y profesional. Con esta intervención, el Trabajo Social refuerza su papel como pieza clave en la gestión de emergencias sociales y en la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Además, se consolida un modelo de actuación que integra el enfoque ecosocial en la planificación de políticas públicas ante los efectos del cambio climático.
Este proyecto supone un paso significativo en el reconocimiento del Trabajo Social y su papel imprescindible en la gestión de catástrofes y en la construcción de comunidades más resilientes, preparadas y cohesionadas frente a los retos climáticos y sociales del presente.