DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL 20 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fuente: https://www.rpdiscapacidad.gob.es/actualidad/noticias/0-553.htm
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DECLARACIÓN
A fecha de 22 de febrero de 2019, se aprobó en el seno del Consejo de Ministros un acuerdo que establecía el 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este tratado internacional, de obligado cumplimiento para España, se aprobó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, por lo que, en este año 2026, se cumplen 20 años de su adopción.

En estos 20 años, su adopción ha supuesto un amplio rango de mejoras para las personas con discapacidad y sus familias, entre las que destaca especialmente el refuerzo de la posición de estas personas dentro del sistema de protección de derechos humanos, además, de forma vinculante para los Estados signatarios.
Por su importancia social y política, con motivo de su 20 aniversario, y a propuesta conjunta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros y Ministras aprueba la siguiente declaración institucional que sirve a su vez para reconocer este hito mundial y recoger algunas de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España para dar cumplimiento a este Tratado dentro de nuestro ordenamiento jurídico:

La principal de ellas, vertebradora por incorporarse en la más alta instancia de nuestro sistema normativo, es la reforma del artículo 49 de la Constitución, que adopta así nuestra carta magna al mencionado tratado internacional y del que la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 constituye una de sus políticas palanca para que las obligaciones recogidas en la Convención se transformen en medidas concretas con un impacto directo en las vidas de las personas con discapacidad y su familias. Además, se consideran los siguientes avances para acomodar nuestro ordenamiento jurídico y de política pública al marco de la Convención:

• En relación con la no discriminación y la protección social de forma generalizada, destaca la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que refuerza el estatus jurídico para mitigar las discriminaciones por razón de discapacidad. También es importante mencionar que el Ingreso Mínimo Vital ofrece una mayor protección a las personas con discapacidad, así como el aumento de las asignaciones que se ha producido por hijo a cargo hasta los 26 años en caso de discapacidad. Destaca la mejora la jubilación anticipada para las personas con discapacidad, en tanto se amplían en once las nuevas situaciones de salud generadoras de discapacidad para que se beneficien de este sistema de protección social y les permita acceder a la jubilación anticipada en estos casos o el hecho de que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, incluye a las personas con discapacidad como colectivo prioritario en el derecho a la vivienda. Por último, en materia sanitaria, destaca el Plan Nacional de bienestar saludable de las personas con discapacidad, con una dotación de 140 millones de euros, que incluye la eliminación de algunos copagos del catálogo ortoprotésico. Asimismo, se incorpora la discapacidad y la accesibilidad como ejes trasversales y prioritarios de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, al que da apoyo la nueva figura del Embajador en Misión Especial para la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo España el segundo país del mundo en contar con ese tipo de puesto.
• En relación con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, es importante mencionar la adopción de un Plan estatal para proteger y promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, con una dotación de 65 millones de euros, que reconoce la discriminación interseccional que sufren estas mujeres por razón de discapacidad y de género, y busca darle respuesta para sacarlas de la desigualdad. También en relación con esta cuestión, se destaca la protección frente a situaciones de violencia, a través de medidas incorporadas tanto en Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia como en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Genero.
• En relación con los derechos en la infancia y a la educación se destaca la aprobación del Consenso estatal de atención temprana, con una dotación de 42 millones de euros, cuyo objeto principal es poner el foco en los derechos de la infancia con discapacidad y garantizar la igualdad de oportunidades desde la edad temprana. Asimismo, en el ámbito educativo, la LOMLOE refuerza el compromiso con una educación inclusiva previendo los apoyos, ajustes razonables y recursos necesarios para garantizar su acceso, permanencia, participación y aprendizaje del alumnado con discapacidad en condiciones de equidad. Se ha incrementado la dotación presupuestaria en becas para personas con discapacidad y además se cuenta con un programa de ayudas específico para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto académico tal y como lo hayan elegido. Además, tanto la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario como la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, incluyen medidas dirigidas a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en la educación superior.
• En relación con la accesibilidad universal, es relevante la puesta en marcha del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, con una dotación de 84 millones de euros, con el fin de caminar hacia la accesibilidad universal y reducir las barreras de acceso a los diferentes servicios, oportunidades y experiencias. Cabe mencionar que también se han destinado más de 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la mejora de la accesibilidad a los servicios públicos. Además, se han incorporado mandatos de accesibilidad en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual; se ha desarrollado la ley de lengua de signos y de medios de apoyo a la comunicación oral; y se ha aprobado una norma para otorgar rango legal a la accesibilidad cognitiva, para asegurar el derecho a la información a las personas con dificultades de comprensión. A este respecto, vinculado con la movilidad, se destaca también que España ha liderado la Directiva de la Tarjeta Europea de Discapacidad y está trabajando en la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, y en los dispositivos para promover la movilidad de las personas con discapacidad de forma internacional, sin limitación alguna. A nivel nacional, también se han incorporado salvaguardas para asegurar una movilidad accesible en la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.
• En relación con el acceso a la administración de justicia, son relevantes tanto la adopción de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, como la formación impartida a facilitadores procesales y operadores jurídicos, así como la mejora de la accesibilidad a las sedes judiciales y policiales.
• En relación con el pleno ejercicio de derechos y participación social, económica, política y cultural, es importante mencionar la aprobación de la Estrategia de Española de Desinstitucionalización, que asegura que las personas con discapacidad dispongan de recursos para su vida independiente y dispongan de instrumentos para participar plenamente de sus comunidades. En términos de empleo, también se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores para impedir la extinción automática del contrato de trabajo de las personas trabajadoras que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. Por otro lado, la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, introduce medidas para mejorar las tasas de actividad de las personas con discapacidad. Asimismo, se ha incrementado al 10% la tasa de reserva al empleo público para este colectivo, se han creado las unidades de inclusión laboral garantizando eficazmente el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En lo relativo al ejercicio de derechos políticos, se han eliminado las restricciones legales para el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad y se han regulado normativamente las medidas de accesibilidad en los procesos electorales. En materia cultural, la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos es la política palanca para promover el acceso a la cultura de las personas con discapacidad en España.

Con todo este bagaje acumulado, resulta fundamental la aprobación del Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Este hito es la culminación de un proceso que va a permitir adaptar definitivamente nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención, suponiendo el andamiaje necesario para la articulación de un país de, para y con las personas con discapacidad con ciudadanía plena.
Por todo lo expuesto, y en aras de poder extender el valor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se insta a las Administraciones públicas, los poderes del Estado, la sociedad civil, la academia, la empresa y la prensa, a integrar los preceptos del mencionado tratado internacional y a desplegarlos en la máxima capacidad posible, posicionando a España como un país a la vanguardia de la ampliación y consolidación de derechos de las personas con discapacidad

Imagen: Real Patronato sobre Discapacidad