Desde la profesión de Trabajo Social reivindicamos el derecho a una vivienda digna
Las dificultades que presenta el sector de la vivienda en la Región de Murcia, y en el resto del territorio español, supone un gran desafío al que se enfrenta la sociedad actual.
El Consejo General del Trabajo Social ha impulsado la creación de una Comisión de Vivienda (grupo de trabajo) para abordar esta problemática. Fruto de ello se publica el “Manifiesto por el Derecho a una Vivienda Digna”. En esta comisión ha participado una representante de la Vocalía de Vivienda del Colegio, junto a diversos representantes de otros colegios profesionales de Trabajo Social.
Información de la web del Consejo General del Trabajo Social
ANTE LA ACTUAL EMERGENCIA HABITACIONAL, URGEN MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
El Trabajo Social es una disciplina y una profesión totalmente comprometida con los derechos humanos, por lo que no puede quedar al margen de la protección del derecho de la ciudadanía a disponer de un recurso habitacional digno y adaptado a las necesidades de las personas y familias.
Por ello, la profesión del TRABAJO SOCIAL reclama a las Administraciones públicas en su conjunto que tomen MEDIDAS URGENTES QUE GARANTICEN EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, SIN DEJAR A NADIE ATRÁS por lo que proponemos en este manifiesto diferentes medidas.
En las políticas de vivienda el papel del Trabajo Social es clave. Esto implica disponer, en el sistema de vivienda, de equipos sociales propios y especializados en los que se tenga en cuenta el perfil profesional del Trabajo Social. El trabajo social en vivienda es fundamental en la gestión del parque público de viviendas, acompañando a las familias que lo requieran en sus procesos vitales para una mejor calidad de vida y bienestar social, contribuyendo a la vida en comunidad y la cohesión social. La reclamación de especialización de trabajadoras y trabajadores sociales en el sistema de vivienda se hace imprescindible, puesto que las necesidades en esta materia no deben recaer, como lo están haciendo, en el Sistema Público de Servicios Sociales.
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