El Colegio se suma al manifiesto emitido por el Colegio de Granada en el que se denuncia públicamente la agresión a una compañera.
Desde el Colegio queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a la trabajadora social que ha sufrido esta agresión en su puesto de trabajo y reiteramos nuestro firme rechazo a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral.
Nos sumamos al manifiesto emitido por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, que denuncia públicamente este suceso.
Fuente: https://tsgr.es/rechazamos-y-denunciamos-rotundamente-la-agresion-a-una-companera-en-baza/.
“Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada condenamos rotundamente la agresión sufrida por una compañera trabajadora social en Baza mientras desempeñaba sus funciones dentro de su puesto de trabajo. Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo hacia ella, poniéndonos a su entera disposición para lo que necesite.
Este grave suceso no puede entenderse como un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que se encuentra en colapso, que deja de proteger tanto a las profesionales como a las personas y familias a las que atendemos. Las agresiones, verbales o físicas, son el síntoma de un mal mayor: la desprotección institucional. La falta de recursos humanos y materiales, la sobrecarga de trabajo, la ausencia de protocolos reales de prevención y la escasez de medidas de seguridad convierten nuestros espacios laborales en lugares cada vez más inseguros.
Las trabajadoras sociales afrontamos a diario situaciones de enorme tensión emocional, acompañando a personas en contextos de vulnerabilidad o conflicto. Lo hacemos sin las garantías necesarias para ejercer con seguridad, sabiendo que el riesgo forma parte de una cotidianidad que no debería normalizarse.
Por eso, reclamamos el reconocimiento explícito de que la violencia que se produce contra un profesional que está ejerciendo sus funciones constituye un accidente laboral derivado de la desprotección del propio sistema. Exigimos la responsabilidad legal y preventiva de las administraciones, la implantación de protocolos eficaces de prevención y respuesta inmediata, el acompañamiento psicológico a las profesionales afectadas y la dotación de recursos suficientes para garantizar espacios seguros de atención social.
También pedimos medidas reales de reparación para la compañera agredida. La agresión a una trabajadora social no es sólo una agresión individual: es una herida que atraviesa al conjunto del sistema público de servicios sociales y a quienes lo sostenemos.
El debate sobre la situación en los centros de servicios sociales no puede seguir postergándose. En muchos municipios, especialmente en las zonas rurales, la ausencia de personal y de medidas básicas de protección y prevención, agrava la vulnerabilidad de las trabajadoras. Esta realidad, que se repite en demasiados territorios, exige respuestas urgentes.
Por otro lado, no podemos limitarnos a considerar que las agresiones que sufrimos como colectivo se limitan exclusivamente a un asunto de falta de seguridad, sino a todo aquello que atraviesa la realidad de aquellas personas con las que trabajamos. De ese modo, exigimos adoptar medidas reales en beneficio de la mejora de la salud mental de la sociedad y de las propias compañeras, así como protocolos ágiles y reales, coordinados en el ámbito sociosanitario.
Es importante reflexionar sobre la necesidad de fortalecer y dignificar el Trabajo Social como pilar esencial del sistema público de protección. Reclamamos una apuesta firme por mejorar las condiciones laborales, el reconocimiento profesional y la participación efectiva de las trabajadoras sociales en el diseño y la evaluación de las políticas sociales.
La prevención de la violencia pasa también por reforzar el valor social de nuestra profesión, garantizar equipos multidisciplinares estables, promover la formación continua y reconocer la función del Trabajo Social como garante de derechos y cohesión social.
Desde el Colegio reiteramos nuestra repulsa para que hechos como este no vuelvan a ocurrir y exigimos que la protección de las profesionales sea una prioridad real en la agenda pública de las administraciones competentes.”
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