EL GRUPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CPTS CÓRDOBA RECUERDA: LA VIOLENCIA DE GÉNERO EXISTE Y COMBATIRLA SIGUE SIENDO UNA OBLIGACIÓN DEMOCRATICA, ÉTICA Y PROFESIONAL
“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Simone de Beauvoir.
La reflexión de Simone de Beavoir cobra hoy una vigencia inquietante. Los derechos conquistados nunca son definitivos. Son el resultado de décadas de lucha social, compromiso institucional y trabajo profesional. Pensar que esos avances son irreversibles constituye un error histórico que las mujeres han pagado demasiadas veces a lo largo de los siglos.
El Grupo de Violencia de Género del Colegio Oficial de Trabajo Social de Córdoba expresa su profunda preocupación e indignación ante las recientes decisiones adoptadas por la Junta de Andalucía en materia de violencia de género, al considerar que suponen un preocupante retroceso en el modelo de atención y protección de las mujeres víctimas.
Resulta especialmente alarmante que competencias tan sensibles como la Valoración Integral de la Violencia de Género se atribuyan a una formación política que ha cuestionado reiteradamente la
existencia de esta violencia como manifestación específica de la desigualdad entre mujeres y hombres y que ha defendido la derogación de la legislación que protege a las víctimas. Las políticas públicas en esta materia deben sustentarse en el rigor técnico, la evidencia científica y el firme compromiso con los derechos de las mujeres.
A ello se suma la reestructuración de los recursos especializados del Instituto Andaluz de la Mujer, que relega el Trabajo Social a un papel claramente secundario dentro de los equipos especializados,
al prever una única profesional del Trabajo Social para cada equipo responsable de atender a dos provincias andaluzas. Esta reorganización supone un cambio de modelo que debilita la dimensión social de la intervención y se aleja del principio de atención integral que inspira la normativa sobre violencia de género.
La legislación española y andaluza establece que la atención a las víctimas debe ser integral, no exclusivamente psicológica. La violencia de género genera consecuencias sociales, económicas,
laborales, familiares, habitacionales y comunitarias que requieren una intervención multidisciplinar. En este contexto, el Trabajo Social desempeña un papel esencial al valorar la realidad social de cada mujer, coordinar recursos, garantizar el acceso a derechos y acompañar los procesos de recuperación. Debilitar esta intervención supone empobrecer la respuesta institucional y alejarla del modelo integral que reconoce nuestro ordenamiento jurídico.
La lucha contra la violencia de género exige fortalecer los recursos especializados y preservar equipos verdaderamente interdisciplinares, donde la intervención social ocupe el lugar que le corresponde para garantizar una protección integral, eficaz y adaptada a la realidad de cada mujer.
La violencia de género no se combate debilitando los equipos que protegen a las víctimas ni relegando la intervención social; se combate reforzando una atención verdaderamente integral.
Los derechos de las mujeres no son negociables
La violencia de Género existe
Y combatirla sigue siendo una obligación democrática, ética y profesional
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